El pasado 20 de septiembre el congreso aprobó la tasa que grava todos los sistemas de soporte para reproducir, grabar o almacenar datos en concepto de compensación por copia privada. Esto incluye, teléfonos móviles, discos duros, tarjetas de memoria, etc ... .Finalmente la enmienda incluida en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información fue rechazada pese al apoyo brindado anteriormente por el PP, en ella, se instaba al Ejecutivo a «buscar fórmulas alternativas» al canon en el plazo de un año para no gravar toda serie dispositivos. Pese a su aprobación varios grupos políticos pidieron que se reabriera el debate debido a tan impopular medida. También criticaron la transparencia en la gestión de fondos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), encargada de repartir cerca de 115 millones de euros en ingresos para las compañías encargadas de los derechos de autor. Desde la plataforma Todos contra el canon se ha criticado largamente esta medida, considerada injusta ya que según su punto de vista implica que los ciudadanos pagan cada vez que compran un producto electrónico que ya incorpora el canon, los fabricantes y/o distribuidores pagan lo recaudado por este concepto a entidades privadas de gestión, y éstas a su vez, de una forma arbitraria y opaca, se quedan con una parte de lo recaudado y el resto se distribuye entre un número limitado de autores y propietarios de estos derechos.
Por otro lado la SGAE pide no confudir términos, según Javier Vidal: «La piratería es un delito y la compensación por copia privada me permite, como usuario, grabar legalmente en mi ámbito doméstico una obra protegida». Los usuarios de las tecnologías bajo gravamen - la mayoría de la población de una u otra forma - ven en esta medida un paso atrás, injusto y fomenta la brecha entre consumidores e industria.
Documentos que reflejan las posiciones de ambas partes:
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